En fecha 27 de marzo de 2024, la Unidad Judicial Multicompetente con sede en Isabela, por medio del Juez José Adolfo Peralta Rendón, resolvió con lugar la acción de protección presentada por la ciudadana Joselin Gabriela Alcívar Pérez contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Isabela (GAD-Isabela). La resolución determinó que la notificación de fin de gestión emitida el 29 de diciembre de 2023 por la Coordinación de Talento Humano fue arbitraria e ilegal, y vulneró los derechos constitucionales de la actora a la seguridad jurídica, debido proceso, igualdad y al trabajo.
Decisiones principales
- Dejar sin efecto la notificación de fin de gestión contra la señora Joselin Gabriela Alcívar Pérez.
- Garantizar su estabilidad laboral y disponer su reintegro al cargo de docente en la Unidad Educativa Municipal Jacinto Gordillo.
- Ordenar el pago de sueldos y beneficios legales desde la separación (29-dic-2023) hasta su reintegro efectivo (enero-febrero 2024).
- Publicar la sentencia y una disculpa pública en la página web institucional.
- Delegar el seguimiento del cumplimiento de la sentencia a la Defensoría del Pueblo u órgano competente.
Disculpa pública
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Isabela ofrece sus más sinceras disculpas a la señora Joselin Gabriela Alcívar Pérez por las actuaciones administrativas que provocaron la vulneración de sus derechos constitucionales. Reconocemos la decisión judicial y reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la dignidad de las personas y la transparencia en la gestión pública. Tomaremos las medidas necesarias para que hechos de esta naturaleza no se repitan.
Compromisos institucionales
- Cumplir y ejecutar íntegramente las medidas ordenadas en la sentencia.
- Fortalecer los procesos de Talento Humano para asegurar la motivación, formalidad y legalidad en las notificaciones y decisiones administrativas.
- Coordinar con la Defensoría del Pueblo el seguimiento del cumplimiento de la sentencia.
- Implementar acciones de capacitación interna y mejoras procedimentales para prevenir vulneraciones de derechos.
